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Publicada el 24-05-2018
Consultan a 60 expertos locales sobre modernización y democratización de la justicia

El proyecto de investigación se denomina "Diagnóstico Experto del Avance y Democratización de los Procesos de Resolución de Conflictos Jurídicos en Salta".

 


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La consulta se realiza con el método Delphi, cuya técnica es lograr un consenso fiable entre las opiniones de un grupo de expertos.

Funciona a través de una serie de cuestionarios que se responden anónimamente.

El proyecto es dirigido por el MsC. Juan Sebastián LLoret (Investigador Categoría A), con la colaboración de la Abg. Milagros Herrera (Auxiliar de Investigación) y tres expertos "facilitadores" que participan y asesoran de manera externa al equipo investigador.

Son los doctores y profesores extraordinarios Martín Böhmer (Director Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), Héctor Mario Chayer (Coordinador del Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), y Gonzalo Segundo Rúa (Juez Penal y Experto en reformas a los sistemas procesales penales y Capacitador del C.E.J.A./O.E.A.).

Asesora metodológicamente el licenciado Víctor F. Toledo (Adjunto de la Cátedra Metodología y Técnicas de la Investigación I) y cinco alumnos de abogacía del último año elegidos entre los mejores promedios son los asistentes de investigación.

Objetivos del estudio

Lloret explicó que "el objetivo general del proyecto, es desarrollar un estudio exploratorio experto, comprensivo de las inquietudes del presente y futuro de las prácticas de resolución de conflictos jurídicos en la provincia; para ello  se indaga a referentes técnicos vinculados a la toma de decisión -políticas generales y particulares sobre casos en concreto- sobre el marco de las reformas acontecidas en el derecho vigente".

Recordó que "todos los factores que definen el Estado de Derecho de un país están atravesados por su Sistema de Administración de Justicia y, por lo tanto, el acceso igualitario y efectivo a la justicia es, consustancialmente, una necesidad del Estado de Derecho; el acceso a la justicia es no sólo un derecho humano inalienable sino que, también, debe ser asumido como un derecho social que propicia la consecución de muchos otros que recrean la dignidad de las personas".

"Por ello, buscamos conocer la opinión experta sobre las transformaciones procesales e institucionales, estilo y las nuevas técnicas del ejercicio profesional exigibles al sistema y sus operadores, considerados a la luz de la cultura jurídica local", que debe trazar sus propias reformas.

Destacó que "una Universidad, en este caso nuestra Católica de Salta, se verifica como la institución que ostenta una posición científica local y por tanto puede garantizar una objetividad en el estudio y en sus resultados, además de otorgar una garantía de anonimato y respeto de la condición de experto de los convocados". Agregó que "la consulta mediante el método Delphi impide la posibilidad de que un miembro del grupo se vea influido por la reputación de otro de los miembros, o por el peso que supone oponerse a la mayoría."

Rigurosa selección de expertos

Los expertos para la consulta fueron seleccionados mediante un mecanismo de autoevaluación, a través de una encuesta con carácter estrictamente reservado, que incluye una tabla en la que cada abogado se autocalificó, asignándose puntajes en tres ítems: posición institucional, conocimientos adquiridos y relevancia experta.

Respecto de la posición institucional, la tabla de selección indaga sobre el origen de la relevancia jurídica local del profesional consultado, para ser considerado como experto. En ese ítem, el consultado respondió si pertenecía a algunas de las siguientes categorías: funcionario miembro  poderes y órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Mtrio. Público, Auditoría, Sindicatura, etc.); referente profesional o académico (directivo colegio profesional, comisión de política judicial o normativa, autoridad académica, etc.) y litigante destacado o socialmente reconocido (abogado destacado, integrante ONG sobre justicia y/o derechos ciudadanos, etc.).

Auto incluido en una de esas categorías, el postulante a experto indicó el rol desde el cual juzgó que provenía su mayor experiencia, práctica e influencia jurídica local. En el caso de los funcionarios o miembros de poderes, se debió indicar si provenía de su experiencia como cabeza de poder u organismo constitucional, ministerial, autárquico; si como miembro (legislador, magistrado, secretario de estado, director general, etc.) o como funcionario letrado jerarquizado (secretario judicial, jefe de área, etc.).

En el caso de considerarse en la categoría de referente profesional académico, debía consignar si la mayor experiencia provenía de su rol como presidente de colegio profesional / rector. Como presidente de órgano o comisión profesional / decano o titular de cátedra o como integrante de órgano o comisión profesional / cargo o docencia universitaria.

En el caso de incluirse como litigante destacado o socialmente reconocido, el profesional postulante a experto de este proyecto, informó si su mayor experiencia jurídica provenía de ser litigante experimentado a cargo de estudio / presidente de ONG; de ser litigante asociado senior, especializado / miembro de ONG o de ser litigante novato, "joven abogado", pasante / voluntario de ONG, con la mención de la institución ponderada.

Respecto de los conocimientos, el postulante a experto fue consultado sobre cuál considera el espacio formativo preponderante en la generación de los conocimientos jurídicos expertos que ostenta: investigación científica jurídica y social con acreditación institucional; títulos de carrera de posgrado (doctor, magister, especialista) o título de grado (abogado), con la  rama o especialidad de su formación.

En cuanto a  la forma en que juzgó que volcó su experiencia jurídica en temas de investigación, desarrollo o doctrina de manera preponderante, el postulante a experto debió responder si es autor de  3 o más proyectos científicos, sociales, normativos, políticos; de 3 o más libros con identificación de edición argentina (ISBN) o mayor  e idéntica cantidad de artículos jurídicos de divulgación publicados, con enunciado de los proyectos o producciones.

El campo y los conflictos que se evalúan

El proyecto tiene entre otros antecedentes un trabajo que hizo el Poder Judicial a través de la Universidad Nacional preguntándoles a los usuarios del sistema, publicado con el título "Evaluación del Sistema Judicial" de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta. También se tuvieron en cuenta trabajos de instituciones de referencia central en la materia, tanto en la Región (Centro de Estudios de Justicia para las Américas de la O.E.A. -CEJA-), como en el país (Proyecto "Política de Estado: Justicia 2020" del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) y la Provincia (Planes Estratégicos I -Acordada 8472/00).

En este sentido, Sebastián Lloret explica que "el de los usuarios es un sector, pero hay otros campos, como el de los expertos que en Salta todavía no tiene evolución; no hay ningún trabajo que haya profundizado en la opinión experta de esta manera metodológica".

"La idea es abarcar este nuevo campo, no preguntarle a los usuarios, sino preguntarle al sector de los expertos, que son quienes en definitiva pueden después hacer reflexiones y construcciones  para una transformación".

Lloret amplía el concepto y señala que están "ceñidos a lo que está haciendo Justicia 2020, con lo que ellos llaman percepción. Básicamente la percepción la buscan de los operadores del sistema de Justicia, y también, lo que hacen los observatorios de la OEA, que trabajan a través del CEJA, (Centro de Estudios de Justicia para las Américas) con sede en Chile, que tiene observatorios, uno específico sobre justicia civil".

"Las percepciones indagan sobre cómo se instrumentan los casos, cómo se accede a la justicia, cuáles son los obstáculos que se encuentran, cuáles son las mejores condiciones para removerlos".

"Nosotros unificamos esa metodología, creamos una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)  y esa estructura es presentada al experto en una encuesta".

Actualmente los expertos están respondiendo, de manera anónima,  a una encuesta de 20 ítems, que categoriza los conflictos dividiéndolos en aquellos de derecho penal, de derecho privado y los de derecho o interés público.

Franja UCASAL

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